García Ortiz designa al fiscal que puede marcar su futuro pese al rechazo de la asociación mayoritaria

El imputado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto a Emilio Jesús Sánchez Ulled como nuevo fiscal de Sala coordinador de Delitos contra la Administración Pública. Es una designación que ha generado considerable controversia por las implicaciones que podría tener para el propio García Ortiz. El líder del Ministerio Público está actualmente investigado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos para perjudicar al novio de Isabel Díaz Ayuso.

La propuesta se ha producido este martes durante la reunión del Consejo Fiscal, donde García Ortiz ha presentado un total de siete nombramientos estratégicos para diversas fiscalías especializadas, desoyendo las críticas y objeciones planteadas por la asociación mayoritaria de fiscales.

El nombramiento de Sánchez Ulled cobra especial relevancia ya que, como responsable de coordinar la actuación del Ministerio Fiscal en delitos contra la Administración Pública, tendrá entre sus atribuciones la capacidad de establecer criterios unificados de actuación precisamente en el tipo de delito por el que está siendo investigado el fiscal general. Cabe recordar que García Ortiz sigue sin entregar uno de los móviles que usaba cuando presuntamente filtró emails del caso de Alberto González Amador.

«Estas dos nuevas Fiscalías de Sala, creadas en el marco del Plan de Regeneración Democrática, aprobado por el Gobierno en septiembre de 2024, reforzarán la lucha contra la corrupción de manera complementaria a la Fiscalía Anticorrupción», ha señalado la Fiscalía General en un comunicado oficial tras la reunión del Consejo.

Sánchez Ulled, fiscal desde 1994, se encuentra actualmente en servicios especiales desempeñando el cargo de consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas, puesto que ocupa desde junio de 2017.

Su trayectoria está marcada por una dedicación a la lucha contra la corrupción y el fraude financiero, habiendo sido fiscal delegado de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado durante doce años (2005-2017).

Entre los casos más destacados que han pasado por sus manos figuran el del Palau de la Música y el relacionado con el referéndum del 9-N en Cataluña, lo que le ha otorgado notoriedad en el ámbito jurídico y mediático. También cuenta con experiencia internacional, habiendo sido designado como Experto Nacional de la Oficina Europea Antifraude (OLAF) en Varsovia entre 2000 y 2002.

Según fuentes fiscales, la asociación mayoritaria de miembros del Ministerio Público ha manifestado su rechazo a este nombramiento al considerar que puede representar un conflicto de interés para García Ortiz, quien habría optado por colocar a una persona de su confianza en un puesto clave que podría influir indirectamente en su proceso judicial.

Los críticos con esta decisión argumentan que, aunque la Fiscalía de Sala no tiene competencia jurisdiccional directa —a diferencia de la Fiscalía Anticorrupción—, sí desempeña un papel fundamental en la coordinación y establecimiento de criterios de actuación para todos los fiscales especialistas en delitos contra la Administración Pública a nivel nacional.

En defensa de su propuesta, la Fiscalía General ha subrayado que «la especialización en el Ministerio Fiscal es un instrumento muy eficaz en la lucha contra diversos fenómenos delictivos, lo que redunda en beneficio de los derechos de víctimas y perjudicados».

Además, fuentes próximas a García Ortiz insisten en que es «imprescindible continuar con la especialización de la carrera fiscal para mejorar la eficacia en la respuesta a los delitos que socavan el patrimonio público y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones democráticas».

Rodríguez Rey

Junto a Sánchez Ulled, García Ortiz ha propuesto también a Fernando Rodríguez Rey como fiscal de Sala coordinador de Delitos Económicos, otra de las nuevas unidades creadas para reforzar la lucha contra la corrupción. Rodríguez Rey, quien ya venía desempeñando funciones como Fiscal de Sala Delegado de Delitos Económicos desde 2022, cuenta con una extensa experiencia en este ámbito, habiendo sido parte del servicio de delitos económicos en la Fiscalía Provincial de Barcelona durante 14 años.

Viogen y seguridad vial

En cuanto a las otras Fiscalías de Sala, María Eugenia Prendes Menéndez ha sido propuesta para la de Violencia contra la Mujer. Prendes, actual fiscal superior de Asturias, ingresó en la carrera fiscal en 1988 y ha sido fiscal delegada de Violencia de Género y Doméstica entre 2012 y 2022, convirtiéndose en un referente en esta especialidad.

Para la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial, el designado ha sido Mario Jesús Sanz Fernández-Vega, quien hasta ahora ejercía como Fiscal Adscrito al Fiscal de Sala Coordinador de esta misma especialidad. Sanz Fernández-Vega, fiscal desde 2002 y también juez en excedencia, ha estado vinculado a esta área desde 2012.

Además, García Ortiz ha informado al Consejo Fiscal de las propuestas para cubrir tres plazas adicionales: una en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, para la que ha designado a Gloria Alonso Ballesteros, y dos en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que serían ocupadas por Elisa Lamelas Oliván y Diego Lucas Álvarez, el fiscal del caso del novio de Ayuso.

Durante la misma reunión, se han analizado también diversos informes sobre anteproyectos legislativos y se ha presentado el proyecto de Instrucción que regulará el funcionamiento de la especialidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que ya cuenta con una red de 49 fiscales especialistas distribuidos por todo el territorio nacional.